Contrato menor y software para universidades: lo que dice la LCSP

Este artículo es informativo y no sustituye el criterio del servicio de contratación de su universidad, que es quien debe aplicar sus instrucciones internas.

La regla básica: menos de 15.000 € sin IVA

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) considera contratos menores los de servicios o suministros de valor estimado inferior a 15.000 euros (art. 118.1). El valor estimado se calcula sin IVA (art. 101.1.a). (LCSP, texto consolidado)

Una suscripción de software como servicio suele tratarse como contrato de servicios. Por ejemplo, una herramienta de 250 € al mes supone 3.000 € al año, muy por debajo del umbral.

Qué hace falta en el expediente

Según el artículo 118, el expediente de un contrato menor necesita:

  • Un informe motivado del órgano de contratación que justifique la necesidad del contrato y que no se altera su objeto para evitar los umbrales (art. 118.2).
  • La aprobación del gasto y la factura (art. 118.3).

Si el pago se hace por anticipo de caja fija y el valor estimado no supera 5.000 €, no se exige el informe (art. 118.5).

Lo que cambió en 2020: ya no cuenta el contratista

Hasta 2020, el informe debía justificar que el contratista no había firmado otros contratos menores que, juntos, superaran el umbral. El Real Decreto-ley 3/2020 suprimió esa frase. Hoy el control no se fija en el contratista, sino en el objeto del contrato: lo prohibido es fraccionarlo para quedar por debajo del límite (art. 99.2).

Duración: un año y sin prórroga

Los contratos menores no pueden durar más de un año ni prorrogarse (art. 29.8). Para una herramienta que la universidad quiera usar varios años, conviene hablar desde el principio con el servicio de contratación. Encadenar contratos menores con el mismo objeto año tras año puede considerarse una necesidad recurrente que debería licitarse.

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La universidad debe publicar al menos trimestralmente los contratos menores: objeto, duración, importe con IVA e identidad del adjudicatario (art. 63.4).

¿Y los 50.000 € para universidades?

La disposición adicional 54ª de la LCSP eleva el límite a 50.000 € para los contratos de suministro o servicios de los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre ellos las universidades públicas. Pero excluye expresamente los contratos destinados a servicios generales y de infraestructura del órgano de contratación. (DA 54ª)

En la práctica:

  • Una herramienta para gestionar incidencias o servicios del campus es, casi con seguridad, un servicio general: se aplica el límite de 15.000 €.
  • Una plataforma específica para un proyecto de investigación podría encajar en la DA 54ª. Lo decide cada universidad según su interpretación y los informes de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

Protección de datos en el contrato

Si la herramienta trata datos personales de los que la universidad es responsable, el proveedor es encargado del tratamiento (LCSP, disposición adicional 25ª.2). La relación debe formalizarse por escrito con un contrato de encargo conforme al artículo 28 del RGPD, como recuerda la AEPD.

En resumen

PuntoLo que dice la ley
Umbral de serviciosMenos de 15.000 €, sin IVA (art. 118.1 y 101)
ExpedienteInforme motivado, aprobación del gasto y factura (art. 118.2 y 118.3)
DuraciónMáximo un año, sin prórroga (art. 29.8)
FraccionarProhibido (art. 99.2)
Límite de 50.000 €Solo agentes del SECTI y no para servicios generales (DA 54ª)

Universitas Campus cuesta 250 € al mes (3.000 € al año). Si su servicio de contratación necesita documentación, se la facilitamos. Puede descargar la ficha o reservar 30 minutos con el equipo.

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